El general en la reserva del Ejército de Brasil, Mário Fernandes, declaró ante el Supremo Tribunal Federal (STF) del gigante sudamericano que escribió el documento conocido como ‘Puñal Verde y Amarillo’, un texto que describía el asesinato de autoridades como el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el magistrado Alexandre de Moraes.

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La confesión forma parte de las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado en Brasil en enero de 2023. Fernandes afirmó que el documento era una «idea digitalizada» sobre el escenario político posterior a las elecciones de 2022, cuando Lula resultó electo presidente.

Según su testimonio, el archivo se creó e imprimió en el Palacio del Planalto, donde trabajaba, pero lo destruyó inmediatamente y no lo compartió con nadie. «Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado», declaró.

Por su parte, la Policía Federal sostiene que el plan se redactó en noviembre de 2022, poco después de los resultados electorales, y que militares lo discutieron en la residencia del general Braga Netto, exministro del expresidente de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, y su compañero de fórmula en la campaña presidencial.

Fernandes también reveló que en el entorno de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial para justificar una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales.

En su declaración, mencionó un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: «Si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?», dijo.

El plan salió a la luz tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien afirmó que Braga Netto financió parte de la operación. Según Cid, el general entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado en el caso.

Estos detalles han intensificado las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado en Brasil. La semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, incluyendo el uso de una tobillera electrónica.

El pasado jueves, Moraes señaló que Bolsonaro incumplió algunas de estas medidas, pero lo consideró un hecho «aislado» que no justifica endurecer las sanciones impuestas.

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